Uruapan, Michoacán.- El equipo de seguridad del alcalde Carlos Manzo, compuesto por entre 8 a 10 policías armados, no fue elegido por el propio mandatario, sino que fue recomendado por el coronel José Manuel Jiménez Aranda, un militar retirado que previamente había sido secretario de Seguridad Pública de Uruapan, hasta ser destituido en septiembre de 2024 por un altercado personal.
Este hecho ha generado controversia, ya que, pese a la elección externa de su equipo de seguridad, Manzo confiaba en su protección durante los recorridos por la ciudad.
Jiménez Aranda, quien había sido removido de su puesto por un incidente de violencia doméstica, fue designado por Manzo para ser responsable de su seguridad personal. A través de esta relación, el coronel seleccionó a los escoltas, quienes no formaban parte de las fuerzas de seguridad oficiales de la corporación municipal y no seguían protocolos formales.
La falta de un protocolo estructurado en la selección de los elementos de seguridad ha generado dudas sobre su idoneidad para enfrentar situaciones de alto riesgo.
El 1 de noviembre de 2024, Carlos Manzo fue asesinado a balazos en la Plaza de los Mártires de Uruapan, tras un ataque perpetrado por Víctor Manuel «N», un joven de 17 años de Paracho. El ataque terminó cuando los escoltas de Manzo abatieron al atacante, aunque su intervención generó polémica, ya que se les investiga por disparar contra el agresor cuando ya estaba neutralizado.
Tras el asesinato, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una investigación sobre el accionar de los escoltas de Manzo, quienes, junto con Jiménez Aranda, han permanecido fuera del ojo público desde el incidente. La Fiscalía también indaga las circunstancias que llevaron a los escoltas a ser seleccionados por un individuo destituido de su cargo, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad del alcalde y su confianza en un equipo sin la debida capacitación.
Con la asunción de Grecia Quiroz García como nueva alcaldesa de Uruapan el 5 de noviembre de 2024, la seguridad de la actual administración se encuentra bajo el resguardo de la Guardia Nacional y personal federal, mientras que los antiguos escoltas de Manzo no forman parte del nuevo equipo de protección.
La investigación sobre el asesinato y las circunstancias de la elección de los escoltas sigue en curso, mientras las autoridades intentan esclarecer los vínculos de los involucrados y el posible contexto de violencia política en la región.
