En Sinaloa, la violencia ya no se mide solo en cuerpos, sino en mensajes. Desde septiembre de 2024, el estado vive una guerra no solo territorial, sino semiótica: una disputa por el control del relato, la identidad y el miedo, librada entre las facciones del Cártel de Sinaloa —“Los Chapitos” y “Los Mayos”— con herramientas que van desde cajas de pizza, sombreros, hasta emojis y videos de TikTok.
Lo que antes era crimen organizado hoy opera como una organización criminal digital, con estrategias de branding, logística encriptada y propaganda de terror cuidadosamente codificada.
Este conflicto no es meramente una lucha por rutas o plazas; es una batalla por la legitimidad social en un territorio donde el Estado ha perdido, en buena medida, su monopolio sobre la coerción y la narrativa. Y en ese vacío, el narcomarketing se ha convertido en una herramienta de poder tan letal como las armas.
Este concepto, narcomarketing va más allá de la ostentación o la violencia. Se trata de una estrategia deliberada para transformar el narcotráfico en una opción de vida viable, incluso deseable, especialmente entre los jóvenes. A través de redes sociales, videos virales y estéticas cuidadosamente construidas —como la figura del “buchón” o el lujo ostentoso—, el crimen organizado no solo recluta, sino que normaliza su existencia.
En Sinaloa, esta normalización es particularmente efectiva. Estudios muestran que los jóvenes no ven al narcotraficante únicamente como un “enemigo público”, sino como una figura ambigua: a veces violenta, pero también exitosa, generosa y poderosa. Esta percepción socava los esfuerzos estatales basados en la demonización y revela una verdad incómoda: mientras el Estado ofrezca pocas oportunidades, el narco seguirá vendiendo sueños.
La guerra entre “Los Chapitos” y “Mayito Flaco” ha generado un lenguaje visual de terror tan preciso como cualquier campaña publicitaria. Las cajas de pizza junto a los cuerpos marcan el sello de los hijos del Chapo; los sombreros (algunos con la leyenda MF o MZ escrita) identifican a los leales a la vieja guardia de “El Mayo”.
Estos no son meros detalles macabros: son logos de ejecución, diseñados para enviar mensajes a múltiples audiencias.
A la población, transmiten pánico y sumisión.
A los rivales, desafío y dominio.
A los medios —muchos de ellos operando bajo amenaza—, una narrativa lista para ser amplificada.
Y al Estado, un recordatorio: aquí mandamos nosotros.
Estos símbolos funcionan como actos de habla performativos: no solo comunican una muerte, sino que redefinen quién controla el territorio y quién tiene autoridad moral en un entorno donde la ley estatal ha sido erosionada por la impunidad y la desconfianza.
Mientras en las calles se libra una guerra física, en el mundo digital se construye la próxima generación de criminales. Plataformas como TikTok e Instagram sirven como escaparates de reclutamiento, donde el lujo, la impunidad y la violencia se presentan como estilo de vida. Los emojis —una rebanada de pizza para “La Chapiza”, un sombrero para “Los Mayos” y un gallo para otros cárteles— actúan como códigos de pertenencia, accesibles, virales y difíciles de rastrear.
Al mismo tiempo, en canales cifrados como Telegram o WhatsApp, se coordina la logística real: movimientos tácticos, alianzas efímeras, pagos internacionales. La filtración de mensajes que detallan operativos en Culiacán o el abandono de vehículos blindados en distintos puntos de Sinaloa demuestra que, incluso en la clandestinidad, la comunicación es clave. Y que, en esta guerra, la información es tan valiosa como la droga.
Frente a esta ofensiva comunicacional, la respuesta estatal ha sido fragmentada. Mientras la DEA señala a “Los Chapitos” como responsables del tráfico de fentanilo, el gobierno mexicano insiste en enmarcar la crisis como un problema de adicciones, no de producción. Esta discrepancia narrativa no solo debilita la cooperación internacional, sino que abre un espacio que el narco aprovecha para proyectar su invulnerabilidad.
Peor aún, la autocensura periodística, impuesta por el miedo y la violencia contra comunicadores, convierte a los medios en amplificadores involuntarios de la propaganda criminal. Cada nota sobre una manta firmada por algún grupo criminal o un video viral de un convoy blindado refuerza, sin quererlo, la imagen de poder de las facciones.
Combatir esta guerra no requiere solo más fuerza policial, sino una estrategia de comunicación estatal tan sofisticada como la del enemigo. Es urgente desmontar la promesa del éxito inmediato que vende el narcomarketing, ofreciendo alternativas reales de empleo, educación y movilidad social, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.
Asimismo, es imperativo proteger a los periodistas con mecanismos efectivos, porque sin prensa libre, el Estado pierde su capacidad de disputar el relato.
Urgente también es analizar sistemáticamente la propaganda criminal —mantas, símbolos, mensajes filtrados— no como ruido, sino como inteligencia estratégica que revela intenciones, alianzas y debilidades.
La verdadera batalla en Sinaloa no se libra solo en las calles de Culiacán o la hondura de sus sierras. Se libra en el imaginario colectivo, en la forma en que los jóvenes perciben el futuro, en la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones y en quién tiene el derecho a definir qué es el orden y qué es el caos.
Mientras el narcomarketing siga siendo más convincente que las políticas públicas, mientras los símbolos del crimen tengan más peso que las leyes del Estado, la guerra estará perdida antes de que se dispare el primer tiro.
En el siglo XXI, la soberanía no se impone con balas, sino con narrativas. Y en Sinaloa, el Estado aún no ha aprendido a contar su historia.
