Culiacán, Sinaloa.- La regidora del Ayuntamiento de Culiacán, Lourdes Érika Sánchez Martínez, rechazó la validez jurídica de un oficio emitido por el Director de Asuntos Jurídicos municipal, mediante el cual se pretende desestimar su solicitud para que el Cabildo analice el vencimiento del plazo constitucional de seis meses de la licencia temporal otorgada a Juan de Dios Gámez Mendívil.
De acuerdo con la postura fijada por la edil este viernes, el documento con clave de identificación 861/2026 incurre en un vicio de competencia y una contradicción constitucional al intentar responder de manera unilateral una petición dirigida formalmente al Pleno del Ayuntamiento y al Secretario del Ayuntamiento desde el pasado 30 de octubre.
El eje de la controversia radica en la interpretación del artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece de forma expresa que «Ninguna licencia por motivo alguno, podrá concederse por más de seis meses». Aunque el área jurídica municipal reconoce dicho precepto en su respuesta, sostiene que el permiso concedido a Gámez Mendívil el 1 de mayo de 2026 puede mantenerse vigente hasta concluir su periodo constitucional.
Sánchez Martínez advirtió que dicha postura confunde la duración de un mandato de elección popular con la temporalidad máxima permitida para una licencia, y puntualizó que la falta de una fecha específica de reincorporación no convierte una autorización municipal en una excepción a la norma constitucional.
Asimismo, cuestionó que el titular de Asuntos Jurídicos invocara el artículo 27, fracciones I y XIV, del Reglamento de la Administración Pública Municipal para declarar la improcedencia de la solicitud sin acreditar facultades para suplir al órgano colegiado. En ese sentido, recordó que el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa obliga a los ayuntamientos a resolver de forma colectiva los asuntos de su competencia.
La regidora señaló también que la respuesta administrativa omitió pronunciarse de manera individual sobre las seis peticiones incluidas en su escrito original, entre las que destacan la declaratoria del agotamiento del plazo constitucional, el análisis sobre una posible falta absoluta y la remisión subsidiaria de las constancias al Congreso del Estado.
Respecto al argumento del área jurídica que pretende invalidar su reclamo debido a que ella votó a favor de la licencia el 1 de mayo, la integrante del Cabildo replicó que ninguna votación municipal puede modificar o dejar sin efectos una disposición de la Constitución, ni el sentido de un sufragio previo impide exigir posteriormente el cumplimiento de la ley.
Precisó que el acta certificada de aquella sesión acredita la autorización de una licencia temporal por más de diez días, sin establecer una dispensa al límite máximo de seis meses.
Finalmente, Érika Sánchez aclaró que su exigencia no presupone la pérdida automática del cargo, sino que demanda al Cabildo emitir un acuerdo fundado y motivado sobre las consecuencias de la ausencia continuada y, en caso de acreditarse una falta absoluta, notificarla al Congreso del Estado conforme al artículo 23 de la Ley de Gobierno Municipal, el artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y el artículo 43, fracción XV, de la Constitución local.
