La mañana del 2 de octubre de 2016, el escritor Luis González de Alba se quitó la vida con un disparo al corazón. En su última columna “Podemos adivinar el futuro…” publicada ese mismo día para el periódico Milenio, redactó:
“Escribo esta predicción la noche del 4 de agosto. Cuando se publique será domingo 2 de octubre. Habrá una manifestación de chavos que no saben qué es lo que “no se olvida” porque ya lo olvidaron o nunca lo han sabido”.
En la coyuntura presente, una década después, el eco de sus palabras resuena en el acontecer del 58 aniversario rememorativo del Crimen de Estado del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México contra jóvenes estudiantes y sociedad civil. En este caso, se trata de un gobierno que salió a recordar la fecha, pero no lo que representa porque parece que ya se les olvidó o en realidad nunca lo supieron. En un acto paradójico de incongruencia y contradicción, el Estado Mexicano rememoró desde el podium presidencial esta fecha, pero otorgó caso omiso las causas.
Dirigentes y militantes obradoristas/morenistas pronunciándose en tono efectista, exigiendo la justicia histórica que no le exigen al gobierno que es negligente para otorgar a los problemas contemporáneos y que se siguen acumulando a través de los años.
Sin esencializar el movimiento estudiantil, las causas han sido siempre justas: en el 68 se pedía el alto a la represión policiaca, la libertad de presos políticos, la desaparición de cuerpos granaderos, libertad de protesta, indemnización a víctimas y familiares. Se buscaba un diálogo con el Estado Mexicano y a cambio se recibió persecución, horror y muerte.
Y, a pesar de que se coincida con las palabras de la presidenta sobre la infamia de la represión del Estado en Tlatelolco, resulta un diagnóstico alarmante que la historia transcurra en un bucle de reincidencia, y que, tras casi sesenta años, las exigencias de justicia no hagan más que multiplicarse exponencialmente, al igual que la persecución, el horror y la muerte.
Porque para hablar de deuda institucional por parte del Estado Mexicano hacia los jóvenes y sociedad civil, los gobiernos de las últimas décadas se ponen alfombra roja. Ejemplos contemporáneos sobran: desde la impunidad que envuelve a casos como Ayotzinapa, Teuchitlán, Lagos de Moreno, los universitarios asesinados en Morelos y los estudiantes de aviación desaparecidos de Costa Rica, Sinaloa, o que la principal causa de muerte entre los jóvenes de ciudades como Culiacán sea el homicidio doloso. A esta situación se le suma la constante militarización de la vida pública, otra contradicción con respecto a las demandas ciudadanas del 68, y se mantiene al ejército como la caja negra de la violencia en el país.
Sería simplista atribuir a este gobierno ser el único que instrumentaliza la reconstrucción del pasado con fines populistas. Como Todorov refiere, las instituciones y sus representantes políticos tienden a disputar la historia en pro de perpetuarse en el poder. Disputas por la verdad en la historia reciente de México abundan, y tal es el caso de este gobierno su manera sistemática de minimizar constantemente los problemas sociales y usar la memoria histórica como propaganda.
Una dosis contra el olvido sería ir más allá de los discursos y retóricas oficialistas para acudir a investigaciones rigurosas realizadas por investigadores e investigadoras mexicanas. Como recomendación destaca 68 el movimiento que triunfó en el futuro: historias, memorias y presente de Eugenia Allier Montaño, 1968, la historia abierta recién publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales UNAM y, por supuesto, el testimonio imperdible de Los días y los años de Luis González de Alba.
