Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra el exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión, tras lo cual el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa del exmandatario se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se realizará el próximo martes 11 de agosto.
De acuerdo con la FGR, como parte de un nuevo modelo de investigación y en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se realizó un reanálisis de las actuaciones existentes, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación.
La Fiscalía señaló que dichos trabajos aportaron elementos que apuntan a la posible participación de Ángel “N” en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Según la dependencia federal, cuenta con datos de prueba que apuntan a que la instrucción para realizar dicho ocultamiento habría sido girada directamente por el entonces mandatario estatal, con la participación de servidores públicos de alto nivel del gobierno de Guerrero.
La FGR sostuvo que el ocultamiento de las grabaciones no habría sido un hecho aislado ni una omisión técnica, sino el resultado de una operación que, de acuerdo con los datos de la investigación, habría sido estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.
La Fiscalía destacó que la investigación del caso Ayotzinapa representa una responsabilidad del Estado mexicano frente a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y aseguró que continuará con las indagatorias bajo criterios de coordinación, rigor técnico y apego al debido proceso.
La continuación de la audiencia, en la que se determinará la situación jurídica del imputado, está programada para el 11 de agosto de 2026.
