Culiacán, Sinaloa.- Organismos empresariales de Sinaloa retomarán en agosto la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo con el propósito de reducir los retrasos en permisos y trámites gubernamentales, que actualmente pueden extenderse de tres hasta 12 meses y representar un obstáculo para nuevas inversiones en la entidad.
El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, informó que la propuesta será presentada nuevamente ante el Congreso del Estado en coordinación con el Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33), luego de ser actualizada conforme a la integración de la actual legislatura.
El dirigente explicó que la demora en la resolución de permisos incrementa los costos de los proyectos y retrasa la llegada de inversiones, por lo que la iniciativa busca establecer plazos definidos para las autoridades administrativas y brindar mayor certeza jurídica a ciudadanos y empresarios.
Silvas Inzunza recordó que el proyecto fue presentado por primera vez en 2022 y alcanzó la etapa de dictamen, aunque no concluyó el proceso legislativo. Tras reuniones con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Diego Arámburo Iturrios; el diputado Ambrosio Chávez y personal del área de orientación ciudadana, se acordó reingresar la propuesta con adecuaciones técnicas.
La iniciativa también plantea fortalecer la transparencia en los procedimientos administrativos, garantizar que las resoluciones estén debidamente fundamentadas y contribuir a disminuir litigios y conflictos legales derivados de estos procesos.
Como parte de su elaboración, el proyecto será sometido a un periodo de consulta con el Gobierno del Estado, los 20 ayuntamientos, áreas jurídicas y representantes sindicales, con el objetivo de enriquecer su contenido antes de su discusión en el Poder Legislativo.
El presidente de ADECEM señaló que la propuesta no contempla un incremento al gasto público, sino que busca hacer más eficiente la administración gubernamental y reducir los costos generados por procedimientos administrativos deficientes.
Finalmente, destacó que actualmente 14 entidades del país cuentan con una Ley de Procedimiento Administrativo, cuando en 2022 solo eran siete, por lo que consideró necesario que Sinaloa se incorpore a este modelo para fortalecer la competitividad y ofrecer mayor certeza jurídica a la inversión.
