Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, desestimó las afirmaciones del sector empresarial que apuntan a que la crisis de seguridad en la entidad se recrudeció a partir de la toma de protesta de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.
El pronunciamiento de la líder legislativa surge como respuesta directa a las declaraciones de Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, quien advirtió que la incidencia delictiva y el clima de zozobra se agravaron inmediatamente después de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia para separarse del cargo.
Guerra Ochoa reconoció que el estado atraviesa por momentos sumamente complejos desde septiembre de 2024 debido a la presencia de grupos de la delincuencia organizada, pero rechazó tajantemente que la violencia sea un fenómeno desatado por el actual gobierno interino.
Para poner la situación en perspectiva, la legisladora morenista recordó que Sinaloa ha enfrentado históricamente etapas mucho más críticas, citando el año 2010 como uno de los periodos con las tasas más altas de violencia y desapariciones. Asimismo, precisó que, estadísticamente, junio de 2025 se consolidó como uno de los meses más complicados en materia de homicidios dolosos, meses antes de la transición gubernamental.
«Hay retos, sí, pero no es una situación de que llega la gobernadora interina. Yo respeto el punto de vista que pueda tener Coparmex, pero creo que debemos apostar a que Sinaloa salga adelante, salga de esta dificultad y creo que podemos lograrlo», subrayó Guerra Ochoa, añadiendo que es válido que la ciudadanía exija mayor contundencia a las autoridades para erradicar estos hechos.
En el ámbito político, al ser cuestionada sobre la temporalidad del mandato de Yeraldine Bonilla al frente del Ejecutivo estatal, la diputada aclaró que el Congreso local no tiene motivos para someter a análisis la duración del encargo, puesto que el nombramiento expedido fue explícitamente en calidad de «gobernadora interina» y no como sustituta.
Guerra Ochoa precisó que el tiempo de ausencia en el Palacio de Gobierno no depende de los tiempos del Poder Legislativo, sino que está estrictamente sujeto al proceso jurídico y a los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) para que Rubén Rocha Moya rinda su declaración y brinde información en calidad de testigo.
