Ciudad de México.- En una de las jornadas más convulsas para la política subnacional en el país, la Fiscalía General de la República (FGR) activó una ofensiva legal que golpea de manera simultánea a los gobiernos de Sinaloa y Chihuahua.
A través del comunicado oficial 291/26, la dependencia federal confirmó que ha citado a comparecer formalmente al gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a la gobernadora constitucional de Chihuahua, Maru Campos Galván, dentro de dos indagatorias de alto impacto y de profundo interés público.
El anuncio de la FGR, liderada por el Ministerio Público de la Federación, saca a la luz los avances de carpetas de investigación federales que vinculan a servidores públicos del más alto nivel con pesquisas internacionales de narcotráfico y presuntos abusos en operativos en la zona norte del país.
La primera línea de investigación responde a un requerimiento de carácter internacional. La FGR detalló que la comparecencia de Rubén Rocha Moya —quien actualmente se encuentra apartado del cargo tras solicitar una licencia— se deriva directamente de la acusación formal interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos.
El expediente estadounidense señala directamente a una red de diez ciudadanos mexicanos oriundos de Sinaloa, bloque en el que se incluye al mandatario morenista.
«Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad», puntualizó la FGR, en lo que representa el primer paso formal de la justicia mexicana para confrontar los señalamientos de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Por otra parte, el frente judicial en el estado de Chihuahua dio un giro restrictivo hacia la cúpula del poder local. La FGR confirmó que citó a comparecer en calidad de testigos a la gobernadora del estado y al ex fiscal general de justicia de dicha entidad.
El motivo del citatorio es desentrañar las responsabilidades y órdenes emitidas dentro de la cadena de mando que ejecutó un controvertido operativo los pasados días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua.
La comparecencia ministerial buscará esclarecer la actuación de los servidores públicos estatales en una zona históricamente en disputa por el crimen organizado y donde se presume hubo violaciones al debido proceso.
