Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió la competencia federal al ejecutar un operativo el 17 y 18 de abril en un narcolaboratorio clandestino ubicado en el municipio de Morelos, Chihuahua, sin notificar previamente a las autoridades federales y sin entregar con cadena de custodia los indicios, sustancias ni el área asegurada.
Según el comunicado FGR 258/26, emitido este 13 de mayo de 2026, los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron al lugar después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado por autoridades locales. La irregularidad quedó registrada dentro de la carpeta federal mediante acta circunstanciada.
La FGR sustentó su postura en la Ley General de Salud, que otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como ocurre en el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales.
La institución fue más lejos y recordó que la conducción de la política exterior y las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República, y que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país.
En paralelo, la Fiscalía informó que el lugar permanece resguardado por fuerzas federales y que el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y objetos hallados continúa en curso, en cumplimiento al marco normativo aplicable.
Respecto a la carpeta de investigación por posibles delitos en materia de seguridad nacional, que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la FGR detalló que las entrevistas ministeriales concluyeron, salvo las de siete personas que no asistieron y que ya fueron convocadas para los próximos días.
El proceso se extenderá además a otras personas servidoras públicas estatales que la institución considera pertinentes para sus líneas de investigación.
La FGR comprometió que continuará informando sobre los avances de las indagatorias «de manera transparente y oportuna», sin precisar fechas ni adelantar resultados.
