Culiacán, Sinaloa.- Los ayuntamientos de Sinaloa consolidaron en 2024 una práctica que vulnera la competencia y alimenta la opacidad: 81.3% de los contratos públicos se asignaron por adjudicación directa, sin licitación ni concurso entre proveedores.
La cifra coloca a la entidad como líder nacional en este mecanismo, considerado uno de los más propensos a la corrupción.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, documentó un crecimiento sostenido en esta modalidad: en 2020, el porcentaje era de 62.3%. En menos de cuatro años, la tendencia escaló casi 20 puntos porcentuales.
El contraste con otras entidades expone la magnitud del problema. En Michoacán, solo 26% de los contratos se otorgan de forma directa. Sinaloa cuadruplica esa proporción.
El impacto económico es inmediato: 48% del presupuesto destinado a contratar empresas privadas —mil 235 millones de pesos— se ejerció sin concurso. Yucatán, en comparación, apenas destina 3% bajo ese esquema.
En licitaciones públicas nacionales, Sinaloa alcanza apenas 27% del gasto, lejos del 57% que reporta Quintana Roo.
Durante 2024, se registraron 645 denuncias procedentes contra servidores públicos municipales, cifra similar a la de Jalisco. Sin embargo, las sanciones son simbólicas: solo nueve funcionarios fueron suspendidos o destituidos, frente a 47 en aquella entidad.
La diputada Paola Gárate advirtió que los datos reflejan «un retroceso en materia de transparencia», agravado por la desaparición de organismos autónomos que garantizaban el acceso a la información pública.
El modelo de contratación en Sinaloa opera bajo mínima fiscalización y con un aparato sancionador débil. Las cifras del INEGI no solo documentan una tendencia: exhiben un sistema que privilegia la discrecionalidad sobre la rendición de cuentas.
