Culiacán, Sinaloa.– La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, aseguró que el Poder Legislativo se mantiene al margen del caso que involucra a la diputada con licencia Almendra Negrete y a otra servidora pública adscrita a la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.
La legisladora explicó que, aunque el caso trascendió a instancias públicas, el Congreso no ha emitido una postura oficial, debido a que la diputada implicada se encuentra actualmente con licencia. Añadió que las particularidades del caso no son del todo conocidas por la comisión que representa, por lo que evitó emitir juicios categóricos.
“Creo que tenemos que invocar como mujeres a tener sororidad y tolerancia. Eso puede caber para todas las partes”, expresó.
Guerra Ochoa señaló que los conflictos de este tipo pueden abordarse mejor desde el diálogo y el entendimiento, antes que recurrir a confrontaciones o tribunales. En ese sentido, hizo un llamado a mantener la cabeza fría y privilegiar la comunicación para fortalecer las relaciones institucionales.
Asimismo, aseguró que, aunque el tema ha generado opiniones y críticas, no influye de manera directa en los trabajos del Congreso ni representa una posición oficial de la institución, por lo que reiteró la importancia de preservar el respeto dentro del servicio público.
La denuncia de la diputada con licencia Almendra Negrete contra Emma Zermeño
La controversia se originó luego de que la diputada con licencia Almendra Negrete presentara una denuncia por violencia política en razón de género contra la activista y funcionaria Emma Zermeño, a partir de mensajes intercambiados en una conversación privada de WhatsApp.
En esos chats, Zermeño habría hecho comentarios críticos sobre la legisladora durante una conversación con una persona a la que consideraba cercana. Tiempo después, las capturas de esos mensajes fueron entregadas a Negrete, quien decidió incorporarlas como pruebas dentro de un procedimiento legal.
Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que no era posible analizar el contenido de esos mensajes, al tratarse de comunicaciones privadas. Sin embargo, la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de su Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó posteriormente que parte del contenido sí debía evaluarse, al considerar que incluía expresiones con estereotipos sobre la orientación sexual de la diputada, lo que podía constituir violencia simbólica en el ámbito político.
A partir de esa determinación, el tribunal federal instruyó al órgano electoral local emitir una nueva resolución y definir las posibles sanciones. El caso ha generado discusión pública sobre hasta dónde llega la privacidad de las conversaciones personales, el derecho a la libertad de expresión y la protección frente a la violencia política de género.
