Culiacán, Sinaloa.- Un operativo de inteligencia, patrullaje terrestre y aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó en la detención de cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa.
El valor estimado en el mercado estadounidense de la droga que producía una célula delictiva desarticulada ayer miércoles 4 de marzo en Sinaloa ronda los 1,250 millones de dólares.
Elementos federales detuvieron a cuatro personas, entre ellas el líder del grupo, e inhabilitaron un laboratorio clandestino en operativos simultáneos en los poblados de Soyatita, Pueblo de Alaya y el municipio de Eldorado.
En el lugar se aseguraron 3 armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y equipo utilizado para la producción de droga.
El primer detenido en caer fue Karina Guadalupe «N», interceptada en Soyatita a bordo de un vehículo sin placas. En la inspección le hallaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas. Las investigaciones revelaron que estaba vinculada a la adquisición de precursores químicos y a la logística de distribución de la organización.
En una segunda acción en el poblado de Pueblo de Alaya, los elementos detuvieron a Régulo Gilberto «N», alias «Tobilio», identificado como líder de una red de distribución de fentanilo y generador de violencia, junto a José Jairo «N» y Jesús Geovany «N». Al trío le aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.
Se estableció que, tanto Régulo Gilberto «N», alias «Tobilio» y Karina Guadalupe «N», cuentan con orden de arresto en Estados Unidos.
El golpe más contundente llegó durante acciones de reconocimiento aéreo y terrestre en las inmediaciones de Eldorado, donde los elementos localizaron e inhabilitaron el laboratorio clandestino.
En el sitio aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas sintéticas.
Los cuatro detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para la determinación de su situación jurídica.
El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones buscan debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos para proteger a la población de Sinaloa.
